MUNDO 2012WEB06AB06/04/201308:00OTRAS VOCESUn juicio político(14139993)06/04/1312:49ELMUNDO.ES/$Casa Real/$3380/$Infanta Cristina/$6607ELMUNDO.ORBYT/$Sala de columnas/$Arcadi Espada/$columnas/$PRIMERAQuerido J: He leído un par de veces el auto del juez Castro por el que imputa a la Infanta Cristina de Borbón en el caso contra su esposo, el duque de Palma. Es un texto interesante para describir los conflictos de conciencia de un juez a la hora de imputar a tan egregia señora. Pero toda virtud se detiene ahí. La lectura del auto provoca la inquietante conclusión de que el juez imputa a Cristina de Borbón, no por indicios de hechos que obren en su contra, sino por ser quien es. Debe de ser esto a lo que alude el pueblo cuando sentencia que no todos somos iguales ante la ley. El armazón fáctico del auto judicial es literalmente asombroso. Parte de la presencia de la Infanta Cristina en el consejo de administración de Nóos, como vocal. Esta circunstancia nominal habría justificado que el juez Castro dictara una simple providencia de cuatro líneas señalando su sospecha de que la Infanta estaba al corriente de las irregularidades e incluso que era cómplice de ellas. Por el contrario, el auto, de una veintena de folios, es una exhibición heroica de los problemas de un juez al intentar imputar a una Infanta de España, pero no logra completar ni uno solo con los presuntos problemas de la Infanta. Excepto para decir que la presencia de la Infanta en los consejos servía para que el entero mundo supiera que su marido estaba emparentado con el Rey y reforzara así su capacidad de convicción comercial. Te lo creerás o no, pero es lo que pone de manifiesto el auto. Y aún más. Luego de descrita esa conclusión, y supongo que después de releerse, el juez continúa diciendo que claro, no era necesaria esa presencia en el consejo para que el mundo supiera que el duque de Palma era yerno del Rey, bla, bla. Este repentino rapto no impide, sin embargo, que nuestro juez siga adelante con sus torturadas brumas de conciencia y su nula claridad fáctica. Cualquier lector objetivo advierte que la imputación sólo es posible, insisto, por ser Cristina de Borbón quien es y no por lo que hizo. Cualquiera advierte la plusvalía. No ha de extrañar que el fundamento del recurso del fiscal sea el de poner de manifiesto la discriminación de la imputada. De todo ello se deduce algo inquietante. La Infanta se enfrenta a un juicio político. Un juicio promovido por la crisis, el populismo y la deslegitimación. Un juicio que no pide responsabilidades a las personas que hayan cometido ilegalidades, sino que las pide al sistema. ¡El denostado sistema! El que permite la imputación de personas egregias. ¡El corrupto sistema! El que promueve el descubrimiento y castigo de la corrupción. El juicio político ha recibido ayuda a través de un flanco inesperado. La decisión del Rey de encargar a Miquel Roca i Junyent la defensa. La principal virtud de Roca en este asunto es algo peligrosa y alude a su contrastada práctica en lo que podríamos llamar, al italiano modo, la influenza. Por lo demás, aún es la hora en que hayamos, no ya de ver, sino de imaginar al abogado Roca dirigiendo un interrogatorio. De ahí que en la defensa vaya a participar también el catedrático Jesús Silva, una indiscutible autoridad penalista, aunque de perfil rigurosamente académico. La presencia de Silva, que se sentará en el ángulo oscuro a tejer y destejer recursos, refuerza, por contraste, el carácter político de la presencia de Roca. Roca es el sistema por antonomasia. Incluso en sus virtudes. Escribió la Constitución y defendió siempre un encaje del nacionalismo en España. No logró ser ministro ni logró incorporar a Convergència a la gobernabilidad responsable del Estado, lo que en cierto modo lo convierte en el símbolo de una melancolía. Su designación como defensor real supone aceptar que el sistema deba defenderse políticamente del embate del juez Castro. Y ahí está, a mi juicio, el grave error que ha cometido el Rey Juan Carlos. La única defensa vigorosa ante el embate político es una cuidadosa defensa técnica, jurídica. Fría. Hoscamente republicana, por así decirlo. Por el contrario, la presencia de Roca significa que la imputación política se ha decidido combatir con la defensa política. Política, a uno y otro lado, en el peor sentido de la palabra. Roca ha sido uno de los grandes muñidores de todo tipo de consensos españoles. La característica principal de estos consensos (enjuagues, en vulgata) ha sido la penumbra, la negociación opaca y frecuentemente indecible. Justo lo que menos necesita la defensa de la Infanta. La designación de Roca reproduce simétricamente los excesos que pretende combatir. En la imputación de la Infanta, como en el caso Bárcenas, como en tantos otros, parte de la opinión pública y publicada quiere ver el agotamiento del sistema político de la transición. Una visión puramente metafórica, literaria, aunque jamás haya que minusvalorar la capacidad de influenza (gripe aviar) de la literatura. Quien ahora sale al paso del exceso es lo que queda, junto al mismísimo Rey, de la Transición. La Transición puede defenderse en el debate político, histórico, moral. Pero no puede ni debe defenderse en un juzgado. La designación de Roca legitima retorcidamente el ataque contra el sistema. Y más que una potencia de músculo jurídico exhibe una preocupante debilidad política. El populismo social y jurídico no habría querido adversario mejor. Sigue con salud, A.21678.94270714.088267447.877258650.0000.0000.000Un juicio político21550.00070714.088141333.70585530.7540.0000.000La Infanta se enfrenta a un juicio promovido por la crisis, el populismo y la deslegitimación La designación de Roca reproduce simétricamente los excesos que pretende combatir21558.788172021.28778214.227230335.5890.0000.000EL CORREO CATALÁN ARCADI ESPADA47544.47644784.921117281.65063305.7540.0000.00027970984.jpg147785.29744784.921224134.135163318.2540.0000.000RAÚL ARIAS147798.543163318.254224170.532167022.4210.0000.000